7 de Junio de 2022. Una de las novedades que recoge el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda es un recargo en el IBI de hasta el 150% para las viviendas vacías. Una medida que afectaría a los propietarios de viviendas deshabitadas durante más de dos años por causas injustificadas y que tengan cuatro o más viviendas a su nombre. Según los datos del análisis “Viviendas vacías en España”

Seis de cada diez personas tienen algún inmueble a su nombre

En nuestro país, un 61% de las personas mayores de 18 años es propietaria o copropietaria de una vivienda. De todos ellos, un 79% tiene una única vivienda de su propiedad, un 17% tiene dos y un 4% tiene tres o más viviendas en propiedad.

Cuando se trata de propietarios de una única vivienda, prácticamente todos la mantienen ocupada. De hecho, solo hay un 1% que la tiene vacía. Pero, como es lógico, la cantidad de propietarios con algún inmueble vacío crece conforme incrementa el número de viviendas que tienen a su nombre. Así, entre los propietarios de dos viviendas, hay un 10% que tiene alguna vacía y, entre los que poseen tres o más, el 23% está en esta situación.

“Es la primera vez que se le pregunta a particulares activos en el mercado inmobiliario las razones por las que mantienen sus viviendas vacías. Aunque son un porcentaje minoritario, estos propietarios aseguran que tienen preocupaciones o miedos que desincentivan que coloquen esas viviendas en el mercado. Sus pesadillas van desde que los inquilinos no les paguen, que maltraten la vivienda o que lleguen incluso a perderla. Por eso prefieren mantenerlas vacías. Apelan a una mayor seguridad jurídica que les proteja en caso de impagos u ocupaciones, creen positivos los incentivos fiscales y las ayudas a la rehabilitación como medidas que ayudarían a que pusieran sus viviendas en el mercado, y consideran que las políticas punitivas generan más inseguridad y espantan a posibles inversores. Aunque el dato del 4% no solucionaría la problemática de escasez de oferta en el mercado, sería una opción de mejora en determinadas zonas tensionadas y también, para evitar que la oferta existente siga desapareciendo. Por ello, desde las administraciones públicas deben aplicarse medidas que motiven a los propietarios, que propicien un clima de seguridad y estabilidad para que éstos oferten las viviendas que no utilizan”